La atención a
ancianos y dependientes, sin apenas protección contra el coronavirus
CCOO calcula que hay una cuarentena de geriátricos en
Catalunya donde los trabajadores no usan mascarillas
Los dependientes confinados temen que las trabajadoras
que les asisten en sus domicilios les infecten del virus
Elisenda Colell
BARCELONA -MIÉRCOLES, 18/03/2020 - 10:45
JULIO
CARBÓ
Entidades y trabajadores
que ayudan a los dependientes denuncian que, a diferencia de los hospitales e
incluso los comercios de alimentación, en los servicios que atienden a ancianos o personas con discapacidad, las medidas de
protección contra el coronavirus brillan por su ausencia. "Tenemos miedo a infectar a estas personas que son un colectivo de
mucho riesgo", explican varios profesionales a EL PERIÓDICO, que añaden
que el riesgo a los brotes dentro de los geriátricos es "real".
Los cuidadores al colectivo
más vulnerable, abuelos dependientes que necesitan asistencia en sus casas,
constatan que la situación es dramática, en un servicio, el de la atención en
los domicilios, que ya lleva muchos años sumido en la precariedad: los sueldos
no suelen superar los 800 euros al mes, y los servicios, aunque públicos, están
sucontratados a empresas externalizadas. "Falta material de protección: mascarillas, gel
desinfectante, batas de uso único, gafas... no llega todos los trabajadores: no
los hay porque las empresas no lo pueden conseguir o porque, los que lo
consiguen, se les ha confiscado para los hospitales", señala Javier Moreno, representante de la UGT
de Servicios Sociales. En Barcelona, una trabajadora del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) muestra a EL PERIÓDICO
que su empresa solo les ha dado una mascarilla de un solo uso, seis sobres de gel alohe vera, y papel kleenex para protegerse. Con
esto va a limpiar, levantar, cocinar y atender ancianos dependientes y personas
con discapacidad durante todo el día."Se están burlando de nosotras", se queja.
La responsable de
políticas sociales en la federación de servicios a la ciudadanía
de CCOO en Catalunya, Rafi Redondo, añade que "se
están cometiendo auténticas barbaridades" y "poniendo en riesgo la
atención a las trabajadoras, que pueden transmitir el virus muy
fácilmente". Unas trabajadoras, que deben moverse en transporte público y
que suelen ser madres solas. "Las empresas y las administraciones
deben poner
plenos recursos de prevención en estos servicios a los colectivos con
más riesgo", clama Redondo, que señala que "las trabajadoras están en
la calle mientras los directivos de las empresas se han
quedado en sus casas", a los que les pide que "pongan los pies en el suelo".
Y es que además, a parte
de las cerca de 40.000 personas que reciben este servicio de forma habitual en
sus casas en Catalunya, en las últimas semanas los usuarios han aumentado
considerablemente. El motivo: el Govern ha mandado que hay que
atender también a las personas que normalmente acuden los centros de
día pero que ahora están cerrados. "Faltan manos", constatan los
sindicatos. La falta de profesionales, en algunos casos se suplen "porque los abuelos, al ver que
las trabajadoras no llevan protección, les cierran la puerta", en palabras de
Redondo.
Hay otro tipo de
usuarios de los centros de día que no tienen tan alta dependencia, pero que sí
necesitan que les traigan la comida preparada a casa. "Se lo estamos
trayendo nosotros, pero no sé si la administración nos lo va a pagar", explica
la presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a
la Tercera Edat (FEATE), Montserrat Falguera, que
representa las residencias y centros de día en manos del tercer sector. En
la FEATE constatan que el material de autoprotección que garantizó el
Govern para los geriátricos"no ha llegado". "Nos hemos ido abasteciendo
entre nosotros y solo nos han dado lotes para aislar a dos
casos positivos por centro", explica.
Sin manos ni protección en las residencias
Según los sindicatos, la
situación en las residencias está al bordo del desastre. Comisiones Obreras, encuestando a sus
trabajadores, ha contado que hay más de 30 residencias en Catalunya que, "o bien no
tienen medidas de autoprotección, o bien no se las dejan poner para no crear alarma", se queja Ampar
Loren, secretaria de organización de la federación de sanidad del sindicato.
"Está habiendo muchas negligencias, el foco del virus en las residencias será
bestial", pronostica. Y alerta del caso de una residencia de Olesa, donde ha
habido ya siete contagios y un fallecido. También la Associació Profesional Catalana de
Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència lamenta la falta
de material "al que no podemos acceder". Además, advierten, que ya
hay centros donde faltan profesionales porque han tenido que
ser aislados y se están dando "situaciones de desatención" por la
dificultad en encontrar profesionales.
El sector social, desprotegido
Pero las quejas de la
falta de material protector, más allá de la atención a los más dependientes, se
extiende entre todos los trabajadores del sector social. Des de centros de
menores tutelados, hasta albergues para personas sin hogar, o pisos de
autonomía para personas con discapacidad. "Están más preparados para no
contagiar el virus en los supermercados que nosotros", se queja Xavi Campos,
gerente del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya. Mar, una trabajadora de
un piso tutelado de personas con discapacidad intelectual, subraya que "no
hay mascarillas para todos los trabajadores" y explica que cuando su
empresa ha habido casos positivos entre los trabajadores "se les ha
confinado en el centro".
El sindicato CNT,
por ejemplo, lamenta que en los albergues de personas sin hogar "están amontonados en literas y a
cuarenta centímetros cada uno ¿como vamos a evitar la propagación?", se preguntan. Para
este sindicato, el problema radica en que a diferencia de la sanidad, "el
sector social está privatizado, y los trabajadores estamos solos en la
calle". Sea como sea, la queja de la falta de material para atender a los
vulnerables es transversal porque ayer la Taula d'Entitats del Tercer Sector mandó un aviso al Govern
en forma de nota de prensa: pedía a la Generalitat "material de seguridad
y prevención" para "no poner en riesgo a las personas y los trabajadores".
